Por Francisco González Bolón
Al no tener respuestas de los funcionarios que acudieron este sábado al plantón del pueblo yaqui de Cócorit, las autoridades tradicionales aceptaron esperar para el martes la visita del gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Por el Gobierno federal acudió Máximo Moscoso Pintado, delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, y por el Gobierno estatal, Martín Vélez, comisionado para el Plan de Justicia Yaqui.
De inmediato, las autoridades tradicionales de Cócorit solicitaron el retiro de las patrullas enviadas por el Gobierno de Sonora al sitio del plantón, frente a la estatua del Danzante Yaqui, así como en Vícam y la calzada Antonio Valdez Herrera, en Cócorit.
Sabían de antemano que los enviados por los gobiernos no tendrían respuestas a sus planteamientos, por lo cual decidieron esperar mejor a la visita del Gobernador del Estado, el martes próximo, a fin de plantearle sus exigencias.
Entre los reclamos está la liberación de dos presos, Esteban Zataráin Núñez y Sergio Contreras Anaya, a quienes encarcelaron hace unos dos años por participar en el cierre de la carretera, cuando hacían reclamos muy parecidos a los actuales como agua, territorio, derechos de vía
A Capufe y Ferromex les piden cumplir con acuerdos sobre las servidumbres de paso, así como reclamos sobre el agua potable y la del Distrito de Riego.
Los habitantes de Loma de Guamúchil permanecerán en el sitio en sesión permanente para esperar la presencia del Gobernador del Estado.
LAS EXIGENCIAS
En un escrito, hicieron ver cuáles son los problemas no atendidos por el plan de Justicia Yaqui, por lo cual se transcriben a continuación:
1.- No se instauró defensa alguna ni excitativa elemental de justicia por los despojos de tierra y agua de nuestra legítima propiedad que se han cometido en perjuicio del patrimonio comunal de nuestros pueblos. Para eludir esta responsabilidad y obligación legal, el director general del INPI, Lic. Adelfo Regino Montes, violando nuestras leyes internas, usos y costumbres desintegró, lesionando gravemente la estructura de mando y mandato de nuestras autoridades, al otorgar de manera impositiva, facultades de decisión a los secretarios, que en la estructura de nuestro gobierno autónomo no son autoridad, ignorando por completo a la tropa, mujeres y organizaciones de productores, por lo que exigimos al INPI por conducto de su Director General, proceda de inmediato a la restauración de la estructura de mando de nuestras autoridades y respete en su integridad nuestras leyes internas usos y costumbres y cubra los daños y perjuicios que su conducta contraria al espíritu que impulsó la creación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, ha causado a nuestros pueblos.
2.– La desintegración y anulación de la estructura de nuestras autoridades tradicionales, fue implementada para impulsar la construcción de obras ajenas a las verdaderas necesidades de nuestros pueblos y comunidades, generando un despilfarro millonario que solo benefició a unos cuantos, pero no ayudó a aliviar de la `pobreza a nuestras familias y solo propició la desviación de la atención a los graves problemas de despojo que debieron atenderse prioritariamente.
3.- No se reconoció ni se defendió la propiedad de las aguas no controladas por la presa “La Angostura” del caudal del río Yaqui, entregadas a la tribu por el presidente Lázaro Cárdenas en Resolución de fecha 30 de septiembre de 1940, publicado en Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, que nunca ha sido derogada ni modificada y se encuentra en plena vigencia, por lo que exigimos su estricto reconocimiento y cabal cumplimiento. No obstante, la autoridad del agua ha otorgado concesiones sobre dicho caudal de nuestra legítima propiedad como si se tratara de aguas nacionales, por lo que exigimos la revisión y cancelación inmediata de dichas concesiones.
4.- Con un “Convenio” apócrifo se están desviando ilegalmente de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, importantes volúmenes de agua de nuestra legítima propiedad para llevarla a la ciudad de Hermosillo por el acueducto “Independencia”, en perjuicio de nuestro patrimonio, cometiendo el delito de despojo de aguas, previsto y sancionado en el Código Penal Federal, por lo que exigimos se suspendan de inmediato las extracciones y se proceda penalmente contra quienes resulten responsables.
5.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó concesión a la empresa Ferrocarril Mexicano para la explotación del servicio de transportación ferroviaria en el ramal norte, que cubre la distancia entre Guadalajara, Jalisco y Nogales, Sonora, a pesar que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27 fracción VIII, declara nulas las concesiones que se otorguen sobre tierras de común repartimiento de los pueblos y comunidades, por lo que exigimos la cancelación de dicha concesión y la suspensión inmediata de todo tráfico ferroviario sobre nuestro territorio y se proceda a la reparación del daño causado a nuestro pueblo por dichas acciones.
6.- De manera análoga a lo expresado en el punto anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó concesión a la paraestatal Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos CAPUFE, para la explotación por cobro de peaje de la carretera internacional 15, de igual manera afectando territorios de nuestra exclusiva propiedad privada, estando fuera de vigencia dicha concesión, por lo que exigimos la suspensión inmediata de todo cobro de peaje a automovilistas y transportistas por cruzar por nuestro territorio y se proceda a la reparación del daño causado a nuestro pueblo por dichas acciones.
