Claudia Gpe. Pérez
El amor a primera vista se convirtió en una batalla legal para Perry Floyd dedicado al negocio inmobiliario, quien decidió invertir en San Carlos, Sonora, tras conocer y contraer matrimonio con Elizabeth Romo Cortés.
De nacionalidad canadiense el empresario conoció a su hoy esposa en un vuelo a Aruba, donde coincidió con la también empresaria mexicana con experiencia en bienes raíces en Sonora.
Tras un rápido noviazgo y matrimonio por las leyes mexicanas, Perry decidió invertir en terrenos y propiedades en San Carlos, confiando en el criterio y la experiencia de su esposa. Sin el consentimiento de Floyd las propiedades fueron escrituradas a nombre de ella, una medida que más tarde resultó ser una trampa que le costaría entre 30 y 50 millones de pesos.
César García Lagunas, abogado de Floyd, sostiene que este es un caso más del conocido “Cártel Inmobiliario” que opera en Sonora, una red que incluye notarios, exfuncionarios y otros individuos sin escrúpulos que se apropian de bienes raíces mediante engaños y fraudes.
“Estos cárteles no son exclusivos de Sonora, están presentes en todo México”, advierte García, quien lidera la demanda judicial contra la mujer, quien fue identificada como ex funcionaria del gobierno en el sexenio de Guillermo Padres.
Romos Cortés de profesión abogada, fungió como directora jurídica adscrita al Centro de Evaluación y Control de Confianza, señala el representante legal de Floyd.
A pesar de los obstáculos, García confía en que las pruebas presentadas serán suficientes para revertir la situación y devolverle a Perry lo que es suyo por lo que solicitan al Poder Judicial se ponga orden en el proceso que hasta el momento no registra avances.
