Por Francisco González Bolón
En la ejecución del Plan de Justicia Yaqui, Adelfo Regino Montes, Director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) incurrió en diversos delitos que deben ser investigados y sancionados, sobre todo porque no se ha cumplido con las necesidades reales de la población, señala Severiano Valenzuela Buitimea.
En una carta enviada a la Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador de Vícam Pueblo puntualiza que junto con los funcionarios a su mando, Regino Montes ha cometido abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Por principio de cuentas, puntualiza el Gobernador, el Director del INPI cometió “el sacrilegio de hacer a un lado y desconocer la estructura del gobierno autónomo yaqui que encontró a su llegada a nuestro territorio para ejecutar el Plan de Justicia, desconociendo y violentando las disposiciones constitucionales que protegen nuestros derechos, cultura, patrimonio, leyes internas, usos y costumbres”.
Con copia al Gobernador del Estado de Sonora, al pueblo de México y Sonora y a los hermanos de los pueblos originarios de la entidad, el documento firmado por todos los integrantes del Gobierno Tradicional lanza un ultimátum a la Presidente del país para que acuda a la Guardia Tradicional de Vícam Pueblo “para exponerle las agobiantes necesidades que estamos padeciendo”.
Y es que, argumentan, la falta de agua para consumo humano ya les ha traído como consecuencia enfermedades, sobre todo en los niños en edad escolar, así como la falta de infraestructura hidroagrícola necesaria para la explotación de las tierras que les entregó el Presidente de la República con la creación del Distrito de Riego 018 de las Comunidades Yaquis, hace ya más de seis años, “cuando ni siquiera se han cumplimentado los trabajos de desmonte, en tanto el caudal del río Yaqui que nos pertenece es explotado y aprovechado impune y gratuitamente por los agricultores del Distrito de Riego 041 del Valle del Yaqui en perjuicio de nuestros pueblos”.
Y agrega:
“Le pedimos, Señora Presidenta, venir acompañada del Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Director General de la Comisión Nacional del Agua, el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, para que ante su presencia rindan un informe detallado de las causas por las que no se ha dado cumplimiento a estas necesidades importantes que estamos denunciando para la sobrevivencia y bienestar de nuestra comunidad indígena, ordenadas por el Presidente de la República en el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”.
Ante esos hechos, de manera categórica y enérgica se puede decir que ante la Tribu Yaqui, “El INPI no cumplió”, sostiene la carta.
LAS IRREGULARIDADES
En el texto de ocho cuartillas, las autoridades tradicionales de Vícam Pueblo enumeran las irregularidades cometidas por Regino Montes y sus funcionarios, la principal de las cuales es haber dado autoridad a los secretarios de los pueblos yaquis, que de acuerdo a los usos y costumbres solamente tienen funciones administrativas.
“…ignorando por completo las facultades de decisión y de mando de nuestros Gobernadores, Pueblos Mayores, Capitanes y Comandantes y las organizaciones e instituciones que los sustentan, como son las religiosas, Pueblos Basarios, organizaciones civiles, militares, tropa yoemia, mujeres y organizaciones de productores agrícolas y ganaderos”.
Al destruirse las instituciones indígenas, expone, “no se instauró defensa alguna ni excitativa elemental de justicia, por los despojos de tierra y agua de nuestra legítima propiedad que se han cometido en perjuicio del patrimonio comunal hídrico y territorial de nuestros pueblos y comunidades indígenas”.
Y complementan:
“Exigimos se proceda de inmediato a la restauración de la estructura de mando de nuestro gobierno y autoridades y se respeten en su integridad nuestras leyes internas usos y costumbres y se cubran los daños y perjuicios que su conducta contraria al espíritu que impulsó la creación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui por el Ejecutivo Federal ha causado a nuestros pueblos, comunidades y miles de familias indígenas yaquis”.
La misiva a Sheinbaum Pardo va más allá al señalar que cuando Regino Montes obtuvo el control de las autoridades tradicionales, impulsó “la construcción de obras ajenas a las verdaderas necesidades de nuestros pueblos y comunidades, a excepción del sistema de abastecimiento de agua potable, que por cierto sigue sin funcionar, generando un despilfarro millonario que solo benefició a unos cuantos contratistas ajenos a nuestra comunidad, pero que no ayudó a aliviar la situación de pobreza de nuestras familias y solo propició la desviación de la atención a los graves problemas de despojo de tierra, territorio y aguas que debieron atenderse prioritariamente”.
Una omisión calificada de grave por Valenzuela Buitimea y su gabinete es que “no se reconoció ni se defendió la propiedad de las aguas no controladas por la presa “La Angostura” del caudal de nuestro sagrado río Yaqui, entregadas a la tribu por el presidente Lázaro Cárdenas en Resolución de fecha 30 de septiembre de 1940, publicado en Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, acción agraria que nunca ha sido derogada, limitada ni modificada en forma alguna, siendo por ello que se encuentra en plena vigencia, por lo que exigimos su estricto reconocimiento y cabal cumplimiento”.
A pesar de ello, declaran, Comisión Nacional del Agua “ha otorgado asignaciones y concesiones sobre dicho caudal de nuestra legítima propiedad como si se tratara de aguas nacionales, por lo que exigimos la revisión y cancelación inmediata de dichas asignaciones y concesiones”.
Para los yaquis, no hay explicaciones a los propietarios del caudal del río sobre “el fundamento técnico y legal por el que en el artículo Tercero del Decreto por el que se establece el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, se asigna únicamente un volumen de 673 millones de metros cúbicos, cuando la mitad del almacenamiento en la presa “La Angostura” y el cien por ciento de las aguas no controladas por dicha presa es de nuestra exclusiva propiedad”.
ACUEDUCTO INDEPENDENCIA
El trasvase de más de 500 millones de metros cúbicos de agua a través del acueducto Independencia, advierten, constituye “el delito de despojo de aguas, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, por lo que exigimos se suspendan de inmediato de las extracciones de la presa “El Novillo” y se proceda penalmente contra quienes resulten responsables”.
La razón de este robo, señalan, se fundamenta en un convenio falso, “verdaderamente criminal”, porque cuando se firmó, en tiempos del gobierno de Guillermo Padrés Elías, se suplantó a cuatro gobernadores tradicionales, por lo cual se convierte en un documento inexistente y nulo.
Durante más de 30 años, exponen, Ferrocarril Mexicano ha explotado con fines de lucro el paso de carga por el territorio yaqui, a pesar de que el artículo 27 constitucional declara nulas las concesiones que se otorguen sobre tierras de común repartimiento de los pueblos y comunidades originarios, por lo que debe cancelarse de inmediato.
Similar situación se vive con la concesión a Caminos y Puentes Federales para cobrar el paso de los automovilistas por la carretera Internacional 15, enfatizan, por lo que debe detenerse el cobro de ese peaje y al mismo tiempo cubrir la reparación del daño causado a la Tribu Yaqui al afectar con esa medida 90 kilómetros de sus terrenos durante más de 30 años.
Mientras Pemex transporta hidrocarburos a través de la carretera, aseguran, la Comisión Federal de Electricidad opera líneas de alta tensión y Telmex ha ingresado en territorio yaqui con cableado que incluye la fibra óptica y por esos despojos no se ha pagado a la etnia el daño ocasionado.
Exigen a la Presidente de la República que en las obras como la construcción de la infraestructura hidroagrícola, incluyendo el desmonte, sean ejecutadas bajo la administración y supervisión de los ocho pueblos en la jurisdicción territorial que a cada uno corresponde.
ADMINISTRAR EL AGUA
Debido a que las fuentes de abastecimiento, conducción e instalaciones del Distrito de Riego 018 se encuentran en territorio del pueblo de Cócorit-Loma de Guamuchil, afirman, y ante las irregularidades detectadas al integrar el organismo administrador, habrá de ser la comunidad indígena quien designe a directivos, funcionarios y empleados para la operación y administración del agua y la infraestructura hidroagrícola.
Regino Montes y su gente, definen, jamás atendieron la solicitud de “la reincorporación a nuestro patrimonio comunal de las Isletas 1 y 2, así como la revisión de los auténticos polígonos de nuestra lucha histórica por los puntos naturales ancestrales de nuestro territorio”.
Tampoco se les ha dado apoyo para las actividades productivas como ganadería, agricultura y pesca, manifiestan.
Y ahora a las autoridades del INPI se le ha hecho fácil realizar sus reuniones con las autoridades fuera de los recintos sagrados, donde se toman los acuerdos más importantes cuando el Gobierno pretende lesionar sus derechos, patrimonio y cultura.
Como por ejemplo, argumentan, está la “consulta” sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tuvo lugar en la Universidad del Pueblo Yaqui.
Esa acción, sostienen, “resulta una verdadera farsa y una estrategia para desviar la atención de los verdaderos problemas que confrontan nuestros pueblos y comunidades, pisoteando y violando los más elementales principios de nuestra organización y estructura de gobierno”.
