“Esta ley fue elaborada por una cúpula allegada a la Presidenta de la República, no es hecha para los pueblos indígenas sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a nuestros territorios”, dice Congreso Nacional Indígena
Por Francisco González Bolón
Porque da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, el proceso de consulta indígena y la propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos son “tramposos”, definió el Congreso Nacional Indígena.
En un documento dado a conocer este jueves, el organismo de los pueblos originarios en el país afirma que si bien la propuesta plantea en algunos artículos reconocer el pluralismo jurídico en el Estado Mexicano, reconocimiento de igual valor el sistema jurídico del Estado y el sistema normativo de los pueblos indígenas, con preferencia de aplicarse en los territorios indígenas el sistema normativo por usos y costumbres, lo enmaraña en un proceso de conflictos de competencias con cada autoridad que así lo reclame.
“Y en la práctica es el Estado, por medio del INPI y la Secretaría de Gobernación, la que decide qué se consulta y qué no, qué le afecta a los pueblos y comunidades indígenas y qué no. Ahora resulta que el doctor es el único que puede decir qué le duele al enfermo”, establece el comunicado.
“Rechazamos la burla que implica para los pueblos indígenas del país el proceso de consulta indígena y la Propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y operada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) cuyo titular Adelfo Regino Montes ha traicionado a los pueblos y comunidades indígenas, a la madre naturaleza y a la memoria histórica.
“Esta propuesta cuenta con 453 artículos que abordan diferentes temas relacionados con nuestros pueblos como la autonomía, la libre determinación, la jurisdicción, la consulta, el territorio, el amparo indígena, el patrimonio, la salud, la cultura, el reconocimiento como sujetos de derecho público entre otros temas que están causando más confusiones que claridades”, se afirma.
Desde la reforma al artículo 27 constitucional, en 1992, el derecho mexicano no ha hecho otra cosa que abrir el paso para el despojo de los territorios y tratar de destruir el legado que dejó el General Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, dicen.
“Esta ley fue elaborada por una cúpula allegada a la presidenta de la República, no es hecha para los pueblos indígenas, sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a nuestros territorios; saquear, destruir y mercantilizar nuestros bienes comunes, naturales y culturales, atacando y reprimiendo a los pueblos en resistencia frente al embate capitalista, patriarcal, extractivista y colonial que padecemos.
“La propuesta de ley, da un trato colonial, denigrante y racista a los pueblos y comunidades indígenas del país, al condicionar que, para poder acceder a nuestros derechos, tenemos que registrarnos en un catálogo de pueblos que califica el INPI, bajo una serie de artículos que, aunque reconocen vagamente el derecho de autoadscripción, su redacción abre la puerta para que el INPI entorpezca o rechace el registro de un pueblo o comunidad indígena, por considerar según su criterio, que no cumple con los requisitos para ser registrado”, reza la misiva.
Según la propuesta de ley, sostienen, en caso de no registrarse no perderían el carácter de ser sujetos de derecho, pero legalmente no se puede poner en práctica.
“Esta aberración legal y tramposa restringe profundamente el ejercicio de la autonomía de los pueblos, interviene en la vida interna de las comunidades y destruye el principio de autoadscripción. Esta ley es para que las empresas trasnacionales tengan, lo que llaman ´seguridad jurídica´ para invertir en sus megaproyectos, colocándonos como mercancías o productos a la venta que deben estar registradas para que las empresas puedan cumplir con los requisitos que les permitan saquear a nuestros pueblos”, manifiesta el documento del Congreso Nacional Indígena.
