Frente a las condiciones peligrosas para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humano en el contexto actual, periodistas y activistas del estado de Sonora fortalecieron capacidades en el análisis de riesgos y uso de mecanismos de protección.
Durante los talleres impartidos en Hermosillo y Ciudad Obregón, por Iniciativa Sinaloa en alianza con ARTICLE 19 para México y Centroamérica, así como la red de Espacio OSC, organizaciones especializadas en la libertad de expresión y en la política pública para la protección de estos gremios, se hizo un llamado a reforzar las redes de apoyo entre periodistas y activistas, sin dejar de lado la exigencia al Estado mexicano para que cumpla sus obligaciones, debido a los desafíos que enfrentan quienes realizan estas actividades en México, en un ambiente de violencia macrocriminal y corrupción.
En estos espacios se conto con la participacipon de periodistas, mujeres buscadoras de personas desaparecidas, feministas, defensores de territorio y de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, investigadores sociales y otros más quienes realizaron ejercicio de análisis de riesgo e intercambiaron experiencias acerca de los obstáculos que enfrentan en el ejercicio de su labor.
Mario Hurtado Cardozo, consultor de Espacio OSC, explicó, que el mecanismo de protección federal si bien depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), se trata de una coordinación interinstitucional en la cual hay varias dependencias involucradas y obligadas a garantizar la protección de periodistas y defensores.
“El mecanismo es resultado de una lucha de sociedad civil, aún tiene muchos retos pero debemos seguir exigiendo al Estado cumpla sus obligaciones de prevenir, proteger, investigar, y en su caso, sancionar este tipo de agresiones”, detalló.
En relación con este tema, apuntó que en el país al menos 22 estados cuentan con ley o decreto específicos para la protección, pero Sonora no es uno de ellos, carece de este marco jurídico, aunque sí hay un convenio con el Gobierno Federal que puede servir para exigir su cumplimiento.
Por su parte Mariana Suárez Esquivel, coordinadora del programa de Protección y Defensa de ARTICLE 19 para México y Centroamérica, expuso los tipos de riesgo que viven periodistas y personas defensoras, haciendo énfasis en el concepto de seguridad integral para contemplar los componentes de seguridad física, seguridad digital, seguridad jurídica y seguridad psicosocial.
“Es muy importante asumir un concepto de seguridad integral en lo individual y colectivo, fortalecer nuestras redes de apoyo con las organizaciones de la sociedad civil, darnos cuenta que no estamos solos”, destacó la activista.
Mientras tanto, el abogado Rubén Darío Silva Morales, de la misma organización, habló de los niveles de acompañamiento que hace esta asociación, y en el aspecto jurídico destacó la relevancia de pedir ayuda a tiempo ante cualquier riesgo de tipo legal.
“Es importante atender cualquier citatorio, para lograr un mejor acompañamiento es vital la etapa procesal en que se inicia, tenemos casos donde llegan ya con una sentencia y es poco lo que se puede hacer”, indicó.
De acuerdo con cifras actualizadas de Artículo 19, desde 2000 a la fecha han asesinado a 174 periodistas en posible vínculo con su labor, además de cientos de agresiones registradas que van desde los ataques digitales y estigmatización, hasta la violencia física y el asesinato.
Asimismo, otro tipo de amenazas a la libre expresión se han incrementado, como el acoso judicial a través de denuncias infundadas, haciendo un mal uso de la figura de violencia política en función de género.
Es de resaltar que estas actividades fueron posibles gracias al respaldo de la Embajada de Noruega en México, como parte de sus acciones para impulsar la libertad de prensa en el mundo y en contextos locales.
