AND).- Cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) múltiples amparos en contra del Acuerdo militarista publicado el 11 de mayo con el que la Presidencia de la República faculta a las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública hasta 2024.
El Acuerdo, señalan, viola la Constitución mexicana porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado, y complementario; además de violar las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos.
En un comunicado, explican, que A lo largo de los 14 años en los que el Ejército y la Marina han realizado funciones de seguridad pública, se ha documentado su participación en la comisión de violaciones a derechos humanos; por ejemplo, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y desplazamientos forzados.
La evidencia acumulada indica que la militarización de la seguridad pública no sólo no ha logrado disminuir los índices de violencia, sino que los ha agravado. A pesar de ello, la estrategia que apuesta por profundizar la militarización avanza contradiciendo a la Constitución, a los tratados internacionales, al Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, y pone en riesgo los derechos humanos de todas las personas.
Las organizaciones firmantes son: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México Unido Contra la Delincuencia y EQUIS Justicia para las Mujeres.
Quienes defienden una perspectiva no militarizada, civil y pacifista del Estado y su tarea de garantizar la seguridad de la población.
