
Aun año de registrarse la muerte de Paula Josette de 23 años en Hermosillo, Sonora la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) da conocer:
1.- El 14 de enero de 2024 se inició la carpeta de investigación por los delitos de incumplimiento de un deber legal y homicidio culposo.
2.- De la investigación realizada por el Ministerio Público se detectaron diversas irregularidades relacionadas con el ingreso, presencia y pernocta de Paula Josette y una amiga de ésta en el interior del CERESO, por lo que se procedió a ejercitar acción penal en contra de siete servidores públicos por el delito de incumplimiento de un deber legal; actualmente están en diferentes momentos procesales a disposición de la autoridad judicial.
3.- También se ejerció acción penal en contra de Chrystian Manuel “N”, en ese entonces subcomandante y quien se encontraba a cargo de la seguridad del CERESO al momento de ocurrir los hechos, por el delito homicidio culposo e incumplimiento de un deber legal, por el cual está vinculado a proceso; no obstante, un Juez federal le concedió un amparo permitiéndole llevar el proceso en libertad.
4.-Con independencia de lo anterior, la investigación no se ha cerrado y se siguen indagando los hechos para determinar otras posibles responsabilidades de los servidores públicos del CERESO, y en todo caso, si el deceso de Paula Josette está relacionado con el posible actuar de un agente externo que le haya provocado el infarto al miocardio.
5.- De igual manera se sigue investigando el manejo y posible destino de las pertenencias de Paula Josette, incluido el celular, para en su caso, establecer si hay responsabilidad de quien haya omitido la entrega de las mismas.
6.- La Visitaduría General de FGJES está revisando la actuación ministerial, pericial y policial para determinar si existió alguna conducta omisiva que diera lugar a posibles responsabilidades de servidores públicos de esta institución.
7.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha brindado apoyo constante y reitera su disposición para atender a las víctimas indirectas del delito con asistencia psicológica y asesoría jurídica, al igual que la Comisión Estatal de Víctimas (CEV), que ya se encuentra tomando acciones pertinentes en este caso.