Wednesday, 25 May, 2022

RECIBE EXFUNCIONARIO SANCIÓN POR “ESTAFA MAESTRA”


La Secretaría de la Función Pública (SFP) informa que fue confirmada la sanción de inhabilitación por 10 años y multa de 158 millones 662 mil pesos impuesta a una persona ex servidora pública de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que, al incurrir en irregularidades administrativas, ocasionó un daño patrimonial por esa cantidad.

Se trata de Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector General de Programación y Presupuestación) quien estaba bajo las órdenes de la entonces titular Rosario Robles Berlanga e involucrado en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

En el comunicado se informa, que a partir de los trabajos del Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedatu para defender la legalidad de la resolución, la sanción fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio de amparo que la persona ex servidora pública había interpuesto. Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada.

El OIC en la Sedatu inició la investigación como resultado de una observación del órgano auditor superior; sin embargo, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades, por las cuales determinó imponer la sanción en 2018, tras acreditar que la persona omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargada de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de esa dependencia, al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo.

La omisión de la persona servidora pública permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos (mdp) supuestamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); no obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino.

Tales conductas constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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